Proyecto de ley de reactivación turística en áreas protegidas busca impulsar turismo comunitario y ecoturismo

La propuesta busca ordenar, proteger y reactivar económicamente las áreas naturales que, pese a su condición de patrimonios protegidos, han sido tomadas por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales enfocadas en la minería ilegal, la caza furtiva y el narcotráfico.

Para ello, la iniciativa impulsará un nuevo modelo de gestión más eficiente, basado en la recuperación y aprovechamiento sostenible de estos espacios, y establecerá una mayor presencia del Estado por medio de planes de seguridad y de desarrollo.

Además del Estado, las áreas protegidas también podrán ser gestionadas por el sector privado nacional o internacional, tras la ratificación de convenios.

Con relación a la seguridad, el proyecto menciona que la autoridad competente podrá solicitarla a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas en el perímetro del área protegida, sin perjuicio de gestión de los guardaparques. Entretanto el control en áreas protegidas de difícil acceso será monitoreado con tecnología de vigilancia, de acuerdo a Primicias.

Leer más: Ecuador suma dos nuevos geoparques mundiales UNESCO: Tungurahua y Napo Sumaco

Reactivación turística: mayor inversión para ecoturismo y turismo comunitario en áreas protegidas

Otro de los objetivos es fomentar una mayor inversión privada nacional e internacional en las áreas protegidas bajo normas estrictas dispuestas por la autoridad ambiental, en actividades como ecoturismo y turismo comunitario, investigación científica, servicios y protección ambiental, a fin de diversificar la economía local y generar empleo digno.

Así, la idea es que el sistema de áreas protegidas se constituya en un motor económico para las comunidades aledañas, especialmente para aquellas que enfrentan altos índices de pobreza.

La propuesta parte del diagnóstico de que la inversión pública destinada a la conservación ambiental ha sido limitada en los últimos años, debido al peso de la deuda pública, la crisis sanitaria y el conflicto armado interno.

Según cifras citadas en la exposición de motivos del proyecto divulgadas por Infobae, en 2023 se invirtieron más de US$ 492 millones en gestión ambiental y proyectos de desarrollo, monto considerado insuficiente para frenar el deterioro de las áreas protegidas.