Nuevas reglas para tarjetas de crédito: qué beneficios tendrá el consumidor

Las nuevas disposiciones buscan fortalecer el funcionamiento del sistema de pagos en el país.

La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador (BCE) tienen un plazo de seis meses para adecuar sus regulaciones e implementar las disposiciones correspondientes.

Pagos con efectivo y tarjeta: nuevas reglas para establecimientos y adquirentes

Algunas de las nuevas reglas benefician directamente a los consumidores. Por ejemplo, se estipula que los establecimientos deberán mantener el mismo precio para las compras con tarjeta y en efectivo.

Esta medida también se aplicará a las promociones, rebajas y descuentos vigentes, por lo que los comercios no podrán establecer recargos por el uso de estos medios electrónicos de pago.

Además, se establece que los establecimientos comerciales, a través de los adquirentes, deberán aceptar tarjetas de diferentes emisores y marcas, así como incorporar físicas y virtuales, a fin de ampliar las alternativas de pago para los consumidores.

En el caso de los adquirentes, se fija un plazo máximo de cinco días hábiles para que estos liquiden a los comercios los valores correspondientes a las ventas corrientes realizadas con tarjetas.

Mayor seguridad para compras con tarjetas físicas y digitales

La normativa también refuerza los estándares de seguridad de las tarjetas físicas. Estas deberán emitirse sin información sensible impresa, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad (CVV), con el propósito de reducir los riesgos asociados al uso no autorizado de estos datos.

Para las compras por internet, se establecen mecanismos adicionales de verificación de identidad, sin costo para los usuarios. (Estafas con tarjetas: por qué los pagos digitales son más seguros)

Además, las entidades emisoras deberán enviar notificaciones gratuitas y en tiempo real, de forma simultánea, sobre las operaciones y eventos establecidos en la norma, mediante al menos dos canales electrónicos independientes.

También, deberán garantizar mecanismos inmediatos para bloquear tarjetas y mantener canales de atención disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para consultas, reclamos y reportes de pérdida o robo.

Igualmente, será obligatorio mantener y armonizar disposiciones para transparentar los costos de los consumos corrientes y diferidos realizados a través de tarjetas de crédito, así como las reglas de cálculo y cobro de intereses, incluida la prohibición de cobrar intereses sobre intereses.

Responsabilidades ante operaciones fraudulentas

En el caso de las entidades emisoras, se disponen, asimismo, responsabilidades frente a determinadas operaciones fraudulentas.

Así, estas deberán reintegrar valores a los usuarios cuando se realicen transacciones después de que estos reporten la pérdida o el robo de una tarjeta, y cuando la responsabilidad recaiga en fallas de seguridad de las entidades emisoras, conforme a las condiciones previstas en la regulación.

Otros cambios relevantes

Otro de los cambios relevantes es que empresas que no sean entidades financieras podrán ofrecer servicios de adquirencia, siempre que cuenten con autorización del Banco Central del Ecuador (BCE).

Esta resolución busca ampliar las opciones de pago en los comercios y promover la participación de nuevos actores en el ecosistema de pagos. Las empresas deberán contar con un capital mínimo de US$ 500.000.

También, se establecen nuevos requisitos para los agregadores de pago, empresas que ofrecen herramientas tecnológicas para facilitar los cobros con tarjetas, como plataformas de pago en línea, y que conectan a los negocios con quienes procesan y gestionan sus pagos.

Así, estos deberán contar con un capital mínimo de US$ 250.000, mientras que las empresas ya autorizadas tendrán un año para cumplir este requisito.