La Unión Europea acuerda reimponer visados a países que representen una amenaza

La Unión Europea ya cuenta con un marco para reintroducir temporalmente la exigencia de visados a ciudadanos procedentes de países que:

• Relajan los controles fronterizos.
• No cooperan lo suficiente en los retornos de migrantes irregulares.
• El reconocimiento del derecho a asilo es bajo y ocurre un fuerte aumento repentino de demandantes de asilo procedentes del país.

Con los cambios, la Unión podrá revocar temporalmente la exención de visados a países que violen la Carta de Naciones Unidas o ejerzan violaciones graves de Derechos Humanos, del Derecho Internacional o incumplan decisiones de tribunales internacionales; al tiempo que aclara que Bruselas podrá impedir a los Estados miembro eximir de la exigencia de visado a funcionarios públicos con pasaporte diplomático o de servicio que puedan ser cómplices de violaciones de Derechos Humanos.

Reforzar el efecto disuasorio, trazado objetivo de la Unión Europea

El bloque sostiene que con ello se aspira a reforzar el efecto disuasorio, que también está en la base de la política de exención de visados que relaja la entrada de viajeros de países que se alinean con los principios de la Unión y sus controles de frontera.

En la actualidad, la UE exime de la obligación de visados para estancias cortas –máximo de 90 días en un periodo de 180– a los ciudadanos de 61 países, incluidos Reino Unido, Israel, Estados Unidos, gran parte de Latinoamérica, Ucrania, Japón y Australia, y tiene en suspenso los acuerdos con Rusia y Bielorrusia.

En el contexto migratorio, el acuerdo suma a la falta de cooperación en las deportaciones de migrantes irregulares otras razones para suspender la liberalización de los visados. Por caso, que el país no se alinee a la política europea de visados y controles y pudiera, con ello, convertirse en una pasarela para la entrada ilegal en la UE.

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La Unión Europea busca reforzar el efecto disuasorio.

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Aclaración de las suspensiones

Con la reforma acordada –que necesita aún el visto bueno formal de los 27 miembros del bloque y de la Eurocámara para ser adoptada– se refuerzan estos supuestos aclarando los umbrales por los que sopesar suspender la exención de visados. Por ejemplo, si aumenta un 30% los casos de denegación de entrada y estancia prolongada, de demandas de asilo o de infracciones penales graves.

También aclara que una tasa de reconocimiento de peticiones de asilo deberá considerarse a partir del 20% hacia abajo, aunque se da flexibilidad a la Comisión Europea para poder “desviarse” de estos porcentajes en casos “justificados”.

Además, el periodo inicial para suspender la exención de visados pasa de los nueve meses actuales a 12, con la posibilidad de prorrogar la medida otros 24 meses (frente a los 18 meses del sistema en vigor); con el objetivo de dar tiempo suficiente a la Comisión Europea para establecer un diálogo formal con el país en cuestión a fin de buscar soluciones a la situación que haya llevado a la represalia. En caso de no resolver las deficiencias, la UE podrá revocar permanentemente el régimen de exención de visados.

También se incluyen como motivos las llamadas “amenazas híbridas” como la instrumentalización de la migración por parte de países terceros que “patrocinen” los viajes irregulares para favorecer la llegada masiva de migrantes a la frontera de la UE para poner bajo presión sus fronteras y generar problemas de seguridad, como ha ocurrido con Bielorrusia o Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Otra de las políticas que preocupa a la UE y que se incluirá en los supuestos para endurecer la política de visados con un país tercero es que éste cuente con un esquema de ciudadanía para grandes inversores extranjeros, conocidos como “pasaportes dorados”, porque supone que grandes fortunas puedan “comprar” un documento que indirectamente les garantizaría la entrada sin control en la Unión Europea.

La Unión ya ensayó este criterio con Vanuatu, único país al que ha revocado de manera permanente la exención de visados acordada, por conceder la ciudadanía a quienes inviertan un mínimo de 130 mil dólares en su territorio, por temor a que esa falta de control migratorio facilite la infiltración del crimen organizado, el blanqueo, la evasión fiscal y la corrupción.